Al criminalizarlo, la revista “Espejo” pone en riesgo la vida de funcionario de la UAS.

Marcial Pompa Guillén        

Resulta interesante darle seguimiento al caso del licenciado Ramón F. López Hernández, director de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque, aunque es inocente, sin ningún rigor periodístico, en la revista Espejo, con una carga de odio y perversidad se le criminaliza y colude con un cártel de la droga, lo que implica una desacreditación directa hacia su persona y el riesgo de sufrir un atentado contra su vida y la de su familia. 

“¡Es inocente!”, es el término jurídico que encaja en el asunto legal-administrativo que se le sigue a López Hernández. En la litis (acusación o proceso) toda persona señalada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

O lo que es lo mismo, entre los derechos de toda persona imputada, sobresale el que se le presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Todo claro, entonces. Sobre el licenciado López Hernández no hay ninguna denuncia penal en la Fiscalía General de la República. 

Sobre Ramón Florencio López obra una investigación administrativa, no penal, abierta por la Unidad de Inteligencia Financiera y por ello el organismo de la Secretaría de Hacienda congeló cuatro cuentas bancarias del universitario, una de ellas donde recibe sus pagos de nómina por la UAS.

La revista Espejo trata a toda costa hacer aparecer el caso administrativo como un delito grave y lo criminaliza en sus notas periodísticas. Lo involucra, sin aportar ninguna prueba, con un cártel delictivo, el cual se mueve en disputa permanente por el control territorial de Sinaloa. Así, lo hace blanco fácil de un atentado criminal. Pone en peligro la integridad física de él y la de su familia. 

Es interesante la respuesta que dio el Rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, cuando el enviado de Alejandro –Cani- Sánchez, dueño de la revista Espejo (Espejo Comunicación, S. de R.L. de C.V.), Marcos Vizcarra lo abordó en la conferencia de prensa del miércoles en torno al caso de López Sánchez. El Rector le dio un voto de confianza al funcionario uaseño: “Él como cualquiera de los integrantes de la sociedad tendrá que responder con sus actos de las acusaciones y el sustento que tengan, pero también es importante darle el derecho de inocencia que está establecido en la ley y es muy importante también no realizar juicios sumarios”, dijo Guerra Liera.  

La Universidad, imagínese, tenemos miles de universitarios, algunos han sido detenidos, otros están en proceso de divorcio, demandados algunos por situaciones económica y la Universidad no da opiniones de los aspectos que como parte de la sociedad ellos están realizando”, expresó. 

Además, el Rector aseguró que López Hernández deberá responder por sus actos de manera personal, por lo que llamó a que se le busque de forma directa, pues “este conflicto es ajeno a la Universidad y por lo tanto no se le puede involucrar en un posible acto criminal”.

Reitero: La indagatoria contra López Hernández no radica en la Fiscalía General de la República. Los señalamientos se basan en presunciones y en versiones perversas de un grupo “externo” de la Universidad recogidos por la Unidad de Inteligencia Financiera.

En su desempeño como abogado, de manera externa e individual, Ramón F. Hernández ha prestado asesoría legal a particulares y a algunas empresas, sin que ello implique colusión, pero la revista “Espejo”, de manera dolosa y criminal, lo instala en el papel de socio de las compañías, a cuyos propietarios también criminaliza.   

Insisto: el licenciado López Hernández tiene todo el derecho a litigar, oficiar el derecho de defensa como una garantía procesal que se encuentra íntimamente ligado con la noción de debido proceso. El derecho a la defensa lo contempla la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

El licenciado López Hernández interpuso un amparo buscando que las autoridades ordenen que se le “descongelen” sus cuentas, en tanto que presenta documentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la UIF sobre el monto recibido de los seguros de vida y sus depósitos.     

En primera instancia, el amparo le fue negado en un Juzgado de Distrito, pero subió a un Tribunal Colegiado.  El caso constituye “la coyuntura perfecta” para que se le siga criminalizando y abriendo la posibilidad de que se atente contra su vida o la de su familia ¿Será esta la intención de los “periodistas” de Espejo, quienes ya en otras ocasiones han enderezado difamaciones contra otros funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa? 

Del análisis jurídico del caso administrativo en torno a López Hernández se desprende:   

1.- La sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 1066/2019-I, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa (juez federal), NO ha causado ejecutoria.  

2.- Que una sentencia cause ejecutoria quiere decir que es “cosa juzgada”, es decir que es “verdad legal”; por consiguiente, la sentencia emitida por el Juez Tercero de Distrito carece de ser una “verdad legal definitiva”, puesto que existe un recurso pendiente que resolverá un tribunal superior (en este caso, un tribunal colegiado de circuito) si está en lo correcto o no el juez federal.  

3.- En el caso que nos ocupa, la sentencia emitida en el amparo indirecto 1066/2019-I, se interpuso un RECURSO DE REVISIÓN.  

4.- El RECURSO DE REVISIÓN será substanciado y resuelto por un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa.  

5.- Es importante hacer notar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está llevando a cabo un procedimiento administrativo, es decir, no existe hasta el momento alguna “carpeta de investigación” (digamos que es el equivalente a la “averiguación previa”), que obedece al ámbito penal.

6.- No existe denuncia interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República (antes PGR), en consecuencia, NO es sujeto de investigación criminal el Lic. Ramón F. López Hernández.  

7.- Se debe resaltar que el amparo versa sobre una medida cautelar de la Unidad de Inteligencia Financiera y no sobre una resolución definitiva de ese órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en consecuencia, es un asunto que todavía no está finiquitado.  

ASPECTOS LABORALES Y SU RELACIÓN CON LA UAS  

1.- Es inexistente cualquier causal de rescisión laboral para el Lic. Ramón F. López Hernández, por las publicaciones de algunos medios (ejemplo: Revista Espejo), dado que NO está totalmente concluido algún litigio de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), dado que está pendiente se dicte sentencia en el Recurso de Revisión, que conocerá un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimosegundo Circuito.  

2.- La UAS está impedida para rescindir o despedir al Lic. Ramón F. López Hernández, por publicaciones en medios impresos o electrónicos, derivado de una investigación administrativa de la Unidad de Inteligencia Financiera, órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque todavía no han cesado todas las etapas procedimentales que desemboquen en una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR); además, ni una denuncia sería motivo para despedirlo, dado que no es una decisión final, ni presupone responsabilidad penal.

3.- En el caso hipotético de que la UAS procediera a una DESTITUCIÓN del Lic. Ramón F. López Hernández, derivado de las publicaciones en los medios electrónicos, por una supuesta diligencia llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), estaría incurriendo en los siguientes atracos o abusos:  

a)- La UAS asumiría facultades propias de una autoridad judicial, es decir, actuaría como juez, en el sentido de que decidiría una cuestión basada en actos que NO han sido todavía totalmente examinados. 

b)- La UAS tomaría datos que siguen siendo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e invadiría la competencia de ese órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de hecho, es inexistente cualquier información oficial de la UIF a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).  

4.- La UAS, por conducto del Rector, que es su representante legal, no ha recibido comunicación alguna por parte del Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), respecto de los hechos que aparecen en medios electrónicos; por lo tanto, no existe información oficial a la Casa Rosalina.

5.- En la información proporcionada y difundida por los medios de comunicación NO se señalan recursos económicos de procedencia dudosa destinados a la UAS. La institución educativa en mención, está totalmente exenta de cualquier señalamiento, incluso por parte de la prensa.

6.- En términos jurídicos, el Lic. Ramón F. López Hernández, NO es responsable de los hechos que aparecen en los medios electrónicos, porque incluso la sentencia dictada en el amparo indirecto 1066/2019-I, por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa (con sede en Culiacán), está bajo el escrutinio de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán.  

7.- Se sabe del Recurso de Revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida en el amparo indirecto 1066/2019-I, derivado de que aparece en la página web del Consejo de la Judicatura Federal; de hecho, se sabe por la página electrónica en mención, que la sentencia que tanto se ha dado a conocer es INFORMACIÓN PÚBLICA y no documento secreto, como pareciera quieren hacer ver ciertos medios de comunicación (Revista Espejo y la columna Observatorio).  

El caso es administrativo, no es penal. Está en la cancha de la UIF no es la Fiscalía General de la República… 

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